Administración Duartista desvió 246 mdp a campañas priistas

Chihuahua, Chih.- Un convenio firmado entre las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y gobierno del Estado a inicio de 2016, fue la clave para enviar de la Federación a las arcas estatales, el dinero del que dispondría el ex senador Alejandro G. G., para entregarlo el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

De acuerdo con la declaración del testigo con identidad reservada l701/2017, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, aprobó el convenio para transferir recursos por 275 millones de pesos del “Fondo Fortalecimiento Financiero” al gobierno de César Duarte, de los cuales sólo se usaron 250 millones.

Este programa que no recibió más recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a partir de 2017, se enmarcaba como parte de otras provisiones económicas, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero, para impulsar la inversión en el ejercicio fiscal, en este caso, el de 2016.

Dicho convenio se habría efectuado por previo acuerdo entre el entonces presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones y el gobernador César Duarte, quienes determinaron que fuera Alejandro G.G. el operador para extraer el recurso, por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

Las primeras reuniones para organizar la salida del dinero fueron entre el político priista y el entonces secretario de Educación, Ricardo Yáñez Herrera, el primero vinculado a proceso y el segundo, ya con una condena a cuatro años de prisión, en ambos casos, por el mismo delito de peculado agravado.

Tras algunas reuniones en la Ciudad de México, continuaron con la siguiente parte del plan, que consistió en otorgar a tres empresas contratos millonarios, bajo la justificación de distintas prestaciones de servicios, operación encabezada por el también empresario coahuilense, con el apoyo de su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez, como apoderado legal de dichas firmas.

La tarea inicial de Yáñez, fue de solicitar institucionalmente vía oficio, a Gerardo V. M. y a Antonio Enrique T. G., ex director de Administración y exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda estatal, respectivamente, la suficiencia presupuestal para adquirir dichos servicios.

Ambos funcionarios, también vinculados a proceso por el mismo caso, al formar parte del Comité de Adquisiciones, junto con la hoy ex funcionaria sentenciada, Karla Jurado Bafidis, facilitaron a Yáñez el traspaso de 246 millones de pesos a la Secretaría de Educación, para que desde ahí, se emitieran los pagos a las empresas propuestas por el ex funcionario priista.

Los contratos fueron otorgados a las firmas Servicios y Asesorías Samex S.C., a la que pagaron 55 millones de pesos por la impartición de talleres para padres de familia de estudiantes de preescolar y primaria; otra cantidad similar recibió la empresa Servicios y Asesorías Sinax S.A de C.V., por el servicio de capacitación y actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad.

También fueron beneficiadas las firmas servicios y asesorías SISASS S.A de C.V., con 46 millones de pesos por presuntamente brindar un curso sobre medio ambiente y el Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V. que percibió 90 millones depesos, por la supuesta planeación, diseño e implementación del software denominado “Sistema Integral en Trámite y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal”.

Todas las empresas tenían como representante legal al señor Alejandro Gutiérrez hijo, quien se encargaría de garantizar con la debida documentación, que las empresas aparentaran haber prestado los servicios y que estaban debidamente constituidas.

La solicitud de suficiencia presupuestal hecha por Yáñez, la hizo a la Secretaría de Hacienda el 18 de febrero de 2016 y tras una respuesta casi inmediata, los cuatro documentos se firmaron casi simultáneamente, los días 24, 25, 26 y 29 del mismo mes; los cheques fueron liberados el 6 de abril de ese mismo año.

Pero además, directamente de la Secretaría de Hacienda estatal fueron erogados otros cuatro millones de pesos a la empresa Jet Combustibles, S.A. de C.V., bajo el concepto de servicio de elaboración de manuales para protección civil, en uso de helicópteros de gobierno del Estado, pues esta empresa que es propiedad del inculpado, por su giro no podía justificar contrato alguno con la instancia educativa.

En todos los contratos, los cheques fueron cobrados en las instituciones bancarias y entregado el efectivo directamente a personal del CEN del PRI, es decir, el dinero nunca ingresó a las cuentas bancarias del partido, por lo que su gasto tampoco fue detectado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La declaración del testigo con identidad reservada, detalla que fue Alejandro G.G. eloperador financiero del PRI nacional, para acceder a recursos con este tipo de procedimientos, los cuales habrían sido repetidos en los estados de Veracruz y Tamaulipas.

Con estos 250 millones de pesos, Chihuahua le retribuía al tricolor y en especial a su entonces dirigente nacional, el sonorense Manlio Fabio Beltrones, el favor de haber permitido la postulación como candidato a gobernador del juarense Enrique Serrano Escobar, según dicta el testigo en mención en su testimonial presentado al Ministerio Público.

En la audiencia de Vinculación a Proceso de Alejandro G.G., el ministerio público dio a conocer que los involucrados en esta triangulación confiaban en el triunfo electoral de Serrano Escobar, el entonces candidato priista a la gubernatura, por lo que no hicieron los trámites para terminar de simular la prestación de los servicios convenidos en los contratos.

La denuncia por el faltante de 250 millones de pesos, fue interpuesta por la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, el 10 de marzo de 2017, que derivó en la investigación que hoy tiene alcances internacionales.

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